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Cualquier persona cuyos intereses hayan sido dañados, tiene derecho a un buen sistema de justicia que garantice el imperio de la ley, esto implica:
- Derecho a un proceso justo y equitativo, sin indefensión, dirigido por un juez legal, con la posibilidad de contar con un abogado y que el caso sea resuelto sin retrasos excesivos.
- Derecho a una justicia pública y transparente, que no utilice métodos inquisitoriales o coactivos, y permita a los interesados valerse de los medios de prueba idóneos.
- Derecho al silencio ó a no declararse culpable.
Indice de la Constitución Española
